Las acusaciones vertidas contra el príncipe Andrés, quinto en la línea de sucesión a la corona británica, devuelven a la actualidad un escándalo que se desarrolla bajo la consigna del silencio, la esclavitud sexual. Según la acusación, la mujer fue forzada a mantener relaciones sexuales cuando era menor de edad en Londres, Nueva York y en una isla privada del Caribe donde se organizó una orgía con menores de edad. Ya en 2008, un amigo multimillonario fue condenado como criminal sexual a 18 meses de prisión por requerir servicios de prostitución a una menor de edad.
Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Centroamérica, el crimen organizado invierte unos pocos millones de dólares en la trata de niñas con fines de explotación sexual y gana miles de millones de dólares. La situación es particularmente grave en países como México o Costa Rica, por ser países de tránsito.
El proceso comienza con la captación y reclutamiento de la víctima con supuestas ofertas laborales y en un plazo máximo de 72 horas la menor es trasladada al punto de explotación sin dejar rastro. Recluidas en bares, prostíbulos o fincas, a las mujeres se les priva de libertad y son castigadas con deudas eternas por traslado, alojamiento, vestido o comisiones por cada cliente.
Según un informe de la Asociación para la Eliminación de la Explotación Sexual en Guatemala, se ignora el perfil de los tratantes y el número de denuncias es insignificante frente a la magnitud de la esclavitud sexual. La persecución penal de los tratantes ataca niveles inferiores de la cadena, sin castigar “a los altos niveles y menos aún a las estructuras”, subraya el informe.
Redacción QUO
