Contaminar tiene un precio, y el daño ambiental del 10% más rico de la población asciende a una cantidad entre 1,7 y 5,7 billones de dólares en 2017, con la pérdida de biodiversidad como el mayor componente de la deuda, seguida del impacto climático
Traducir el daño ambiental a dinero es un ejercicio que muchos ecólogos rechazan por principio: la naturaleza tiene valor intrínseco que no se captura en ninguna contabilidad monetaria. Pero los investigadores de la Universidad de Leiden que acaban de publicar este estudio en Nature que, en determinados contextos, hablar en euros y dólares es la única forma de que el debate llegue a los lugares donde las decisiones se toman. Si los más ricos del mundo están acostumbrados a operar en esos términos, quizás convenga hablarles en ese idioma.
Cómo se calculó la deuda ambiental de los más ricos
Inge Schrijver, Rutger Hoekstra y Paul Behrens, todos de Leiden, construyeron su cálculo en dos pasos. Primero, tomaron las huellas de consumo del decil más rico de la población mundial en 2017 (los datos más recientes disponibles con el nivel de desagregación necesario), que cuantifican cuántas emisiones de CO₂, cuánta pérdida de biodiversidad, y cuánto nitrógeno, fósforo y agua dulce son desplazados por el consumo de ese grupo. Segundo, asignaron valores monetarios a cada uno de esos daños usando el Manual de Precios Ambientales 2024 (Environmental Prices Handbook), una referencia estándar en economía ambiental que estima cuánto valor pierde la sociedad humana por cada unidad de daño ecológico.
El resultado es lo que los autores llaman la «factura ambiental» del 10% más rico: entre 1,7 y 5,7 billones de dólares al año (en dólares de 2017), o entre 2.300 y 7.500 dólares por persona dentro de ese decil. Los dos mayores componentes de esa factura son la pérdida de biodiversidad (entre el 47% y el 56% del total) y el impacto climático (entre el 36% y el 45%). Los ciclos del nitrógeno, el fósforo y el agua dulce representan el resto.
Lo que esa cifra permite financiar
El dato que los autores consideran más relevante no es la magnitud de la deuda en sí, sino su relación con las brechas de financiación climática y de biodiversidad que los organismos internacionales han cuantificado como necesarias para cumplir los objetivos de los acuerdos de París y Kunming-Montreal.
Las estimaciones conservadoras para el decil más rico de EE.UU. y China por separado cubrirían cada una los 675.000 millones de dólares identificados como necesarios para proteger la biodiversidad hasta 2030. Las estimaciones de nivel medio para el top 10% de EE.UU. son suficientes para cubrir los 993.000 millones de dólares que los acuerdos de la COP30 establecen como necesarios cada año hasta 2035. En otras palabras, la factura anual de un solo grupo de consumidores, el 10% más rico del mundo, se mueve en un orden de magnitud que haría financieramente posibles las transiciones que la humanidad ha declarado necesarias pero que no ha encontrado cómo costear.
Las diferencias entre países
La factura no se distribuye de forma uniforme entre los ricos del mundo. El top 10% de consumidores estadounidenses, que representan la mayor fracción del decil global, tiene asignadas deudas individuales de entre 19.000 y 63.000 dólares anuales, lo que equivale al 6-20% de sus ingresos o al 0,8-3% de su riqueza. En India, el top 10% tiene una factura de entre 410 y 1.400 dólares, que representa un porcentaje de ingresos comparable (0,8-2,8%) pero en términos absolutos es cuarenta veces menor. La diferencia no es de proporcionalidad relativa: es de nivel de consumo absoluto.
China es el segundo mayor contribuyente en términos de factura total del grupo, mientras que los países europeos del norte muestran valores intermedios, en parte porque sus economías son menos intensivas en carbono y en biodiversidad por unidad de consumo. El estudio incluye análisis específicos de EE.UU., China, India, Países Bajos, Brasil y el agregado global.
Los límites del análisis
Los propios autores reconocen varias limitaciones que acotan la precisión del número. Los datos de huella de consumo son de 2017, casi una década de distancia del momento de la publicación, lo que implica que las cifras no capturan los cambios de consumo y emisiones producidos desde entonces. La valoración monetaria del daño ambiental depende de supuestos sobre qué considera la sociedad que vale la naturaleza, un problema filosófico y político que ningún manual de precios puede resolver de forma neutral. Y la asignación de responsabilidad al consumidor final ignora la estructura de producción que hace posible ese consumo, así como el papel de las decisiones políticas y regulatorias en condicionar las opciones disponibles.
El estudio no propone mecanismos fiscales concretos ni evalúa la viabilidad política de los impuestos ambientales que sugiere como posibilidad. Lo que hace, con rigor metodológico y transparencia sobre sus límites, es producir un número donde antes no había más que afirmaciones cualitativas: el 10% más rico del mundo causa un daño ambiental desproporcionado. Ahora hay una estimación de cuánto vale ese daño, y esa estimación tiene el mismo orden de magnitud que las necesidades de financiación climática que el mundo lleva años declarando urgentes sin encontrar cómo cubrirlas.
