¿Encerrar en una celda a personas que han cometido agresiones, robos y delitos similares evita su reincidencia en el mismo delito una vez puestas en libertad? Un estudio dirigido por el sociólogo David Harding desde la Universidad de California en Berkeley concluye que no, que las garantías de seguridad ciudadana duran lo que dura la estancia del delincuente en prisión.
Los hallazgos de esta investigación, publicada en Nature Human Behavior, cuestionan las medidas más duras contra el delito, como las sentencias mínimas obligatorias, y plantean la conveniencia de programas de desvío de prisiones para delincuentes con posibilidad de libertad condicional. “Estamos invirtiendo demasiado dinero en cárceles y el beneficio en términos de seguridad pública es muy escaso”, indica Harding.
El equipo de investigadores analizó los registros de detención y condena posteriores a la liberación de más de 100.000 personas en Michigan declaradas culpables entre 2003 y 2006 y siguieron sus interacciones con el sistema de justicia penal hasta 2015. Su análisis se centró en los casos en que los jueces tenían la opción de sentenciar a los acusados a prisión o a libertad condicional. Quedaron excluidos de la investigación los individuos que habían cometido delitos tan violentos extremos como una violación o un asesinato y, por tanto, sin ninguna posibilidad de libertad condicional.
Al comparar los registros de arrestos y condenas posteriores a la liberación de los ex reclusos con la cohorte de libertad condicional, los investigadores encontraron que los que habían estado en prisión tenían las mismas probabilidades que sus compañeros en libertad condicional de enfrentar condenas por delitos violentos dentro de los cinco años de su liberación. «La conclusión aquí es que el encarcelamiento no hace mella en las tasas de delitos violentos», comenta Harding.
Al menos 1,5 millones de personas están encarceladas en las instituciones correccionales federales y estatales de Estados Unidos a un costo anual de decenas de miles de millones de dólares para los contribuyentes. Cerca de la mitad de los presos han sido condenados por un delito violento. «Nuestros hallazgos muestran que podríamos encarcelar a menos personas condenadas por delitos violentos e invertir los ahorros en otras formas de prevenir la violencia en la sociedad», insiste el sociólogo.