Desde el pasado mes de diciembre de 2008, cualquier resto biológico que sea recogido en el lugar de un delito o extraído a un sospechoso pasará a formar parte de una base de datos a la que tendrán acceso todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Según la Ley, será la propia sentencia, en el caso de quien cometa un delito, la que establezca cuánto tiempo estará su ADN en este fichero.
Tendrán la obligación de ceder estos datos: “Los detenidos o imputados cuando se trate de delitos graves, y en todo caso, los que afecten a la vida, la libertad, la indemnidad o la integridad de las personas o el patrimonio, siempre que fuesen realizados con fuerza, violencia o intimidación en las personas, así como en los casos de delincuencia organizada”.
También estará el ADN de personas desaparecidas, pero en este caso por deseo expreso de sus familias.
Redacción QUO
