SALUD

¿Hay que pagar a los donantes?

Que nuestra salud tiene un coste no es ninguna novedad; hace tiempo que se venía escuchando el arrastre de cadenas. Lo paradójico, quizá inevitable, es que los pormenores de este coste salen a relucir justo cuando más achacoso está el ciudadano. Ya se sabe, los tiempos de estrechez traen consigo un desgaste en la salud humana: empeora o aparece la enfermedad, afloran trastornos mentales y situaciones de desnutrición u obesidad, y aumenta la mortalidad ligada a dolencias cardiovasculares, traumatismos y suicidios. Se dispara la violencia doméstica y también el número de personas que quedan en la calle, con riesgo de infecciones, drogodependencias y problemas de salud mental.

En lugar de refuerzos, este año la primavera llegó colmada de reformas (o recortes, según quién lo diga), tijeretazos a la Sanidad (o a la salud), medidas disuasorias (o recaudatorias) y el uso racional de los medicamentos (o sea, copago). Sus artífices alegan un desajuste entre ingresos y gastos del sistema sanitario público español casi inasequible: 15.000 millones de euros. España es el país de la UE que más gasta en asistencia sanitaria y prestación farmacéutica, por lo que el Gobierno consideró que había que ahorrar al menos 7.000 millones.

Y añade que tal objetivo pasa por concienciar al paciente sobre el uso eficiente de los medicamentos. La columnista estadounidense Shannon Brownlee ya se pronunciaba en el título de uno de sus libros: “Demasiada medicina nos está haciendo más enfermizos y pobres”. A la fuerza ahorcan, dicen, y una cantidad de ocho euros al mes puede provocar un efecto disuasorio o incluso el abandono terapéutico por parte de la población más vulnerable. Un hecho que, según cálculos de Farmaindustria, podría suponer 500 millones de pérdidas para la industria farmacéutica, que, por cierto, teme también que se apliquen mayores rebajas en los precios de los fármacos. ¿Cuál sería entonces el coste para el sistema sanitario si se complicase una enfermedad (más tratamientos, más todas las pruebas diagnósticas, etcétera)?

Para defender posturas se utilizan comparaciones con el resto de la UE. Así, el subdirector general de calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios, Carlos Lens, recuerda que antes de la crisis la mitad de los ciudadanos europeos no tenía acceso a los medicamentos de última generación, algo que no ha ocurrido en España. Para Alberto García Romero, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, el nuevo sistema de aportación farmacéutica es más justo al tener en cuenta la renta de cada persona: “Hasta ahora, los distintos gobiernos se habían centrado en exclusiva en el recorte de precios de los medicamentos y de los márgenes del sector para reducir el gasto farmacéutico y sanitario”.

Las farmacias más baratas
El resultado es que los fármacos en España se han convertido en los más baratos de Europa y, por el contrario, somos el segundo país que más medicamentos consume. La medida, que pone fin al “gratis total”, puede contribuir a valorar más el fármaco y moderar la demanda mejorando su uso. Eso va a suponer un ahorro en farmacia y, por lo tanto, tendrá también un impacto económico en la red de farmacias.

Aunque se abren algunas incógnitas. El nuevo modelo de aportación inaugura un reto de gestión, pero ¿cómo será el modelo y cómo se identificarán los beneficiarios de las nueve categorías establecidas de copago en función de la renta? Como advierte García Romero: “Esto va a suponer una mayor carga burocrática para la farmacia, que daremos por buena si alcanza los resultados de contención del gasto y mejor uso del medicamento”. Varias décadas de dialéctica, leyes y ensayo de fórmulas no han impedido que la Seguridad Social esté hoy en franca bancarrota y en serio aprieto para afrontar la deuda; y sobre todo, para cumplir su compromiso de calidad.

Urgían, por tanto, nuevos patrones. En su libro Gestión Sanitaria integral: pública y privada, el cirujano cardiovascular Javier Cabo, director de Gestión Sanitaria del Centro de Estudios Financieros, considera que: “La sanidad pública sería insostenible sin la descarga de la privada; se colapsaría. Más de un 25% de la actividad quirúrgica en España se hace desde la privada”. Propone modelos de gestión público-privada habituales en Estados Unidos y Australia, como los seguidos en la construcción del Hospital Internacional de Túnez. Es decir, centros públicos con socios privados, y dentro de ellos habría un ala privada internacional.

Pero los lastres en España son demasiado cargantes: un sistema fragmentado en 17 subsistemas diversos con profundos desequilibrios entre ellos y criterios sin unificar que, como dijo la ex ministra Ana Pastor recientemente, hacen incluso que hasta nuestra forma de morir sea diferente dependiendo de dónde vivamos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, calculó que si se devolvieran las competencias en Sanidad, Educación y Justicia al Estado, se ahorrarían 48.000 millones de euros.

Medicina menos creativa
Sin embargo, aunque es verdad que la estrategia de “encaje la pieza A en la ranura B” –de la que habla el doctor de la Harvard Medical School Jerome Groopman en su libro Cómo piensan los médicos– promueve la eficiencia y el control de costes, acaba sacrificando “la creatividad y el pensamiento independiente”. “Contra estas decisiones automatizadas y algoritmos preestablecidos, solo los mejores médicos se rebelan y procuran dar una atención personal a cada paciente, incluso si solo disponen de 15 minutos”.

Pero son malos tiempos estos para la lírica en la consulta médica. Para Groopman, tasar la salud equivale a sustituir el término paciente por el de consumidor o cliente, y el de médicos y enfermeras por el genérico de proveedores de servicios. Así, la relación entre unos y otros sería una transacción comercial: la dimensión humana y psicológica quedaría fuera de juego.

En medio de este revuelo asoman rostros menos habituales del mercado de la salud en España, como el negocio del plasma. Aparecieron cuando Víctor Grifols, presidente de la empresa que lleva su nombre, dedicada a la elaboración de hemoderivados, insinuó en público la posibilidad de pagar a los donantes de plasma en nuestro país para favorecer a los parados.

¿Y para qué sirve lo que fabrica el laboratorio de Grifols (y otros)? (véase la infografía). Una de las mayores expectativas tiene que ver con el alzhéimer. El farmacéutico ha liderado varios ensayos médicos con un tratamiento combinado de albúmina e inmunoglobulina intravenosa, dos de los principales hemoderivados separados por hemoféresis (separación de componentes sanguíneos, como plasma, glóbulos rojos, plaquetas…). El plasma se reemplaza por albúmina y las células se reinyectan al paciente inmediatamente, lo que permite su rápida recuperación.

Negocios
En España se cubren las necesidades de glóbulos rojos y plaquetas, pero no de plasma, que se importa de Estados Unidos por medio de empresas como Grifols, tercer fabricante mundial de derivados sanguíneos con una cifra de negocio superior a los 2.000 millones de euros y una plantilla de 11.700 trabajadores. Hoy, sus títulos cotizan en el Ibex y en el Nasdaq.

Las cifras son importantes, y según Martín Manceñido, presidente de la Federación Española de Donantes de Sangre, estas empresas presionan a la Unión Europea y a los gobiernos para que liberalicen la compraventa de sangre, ya que tienen perspectivas de consumo extraordinario en el futuro para tratar patologías mediante el plasma.

Aunque mantiene que se tergiversaron sus palabras, Grifols arguye que oponerse a la venta de plasma por razones éticas es un contrasentido si tenemos que traerlo de otro país y pagarlo. Además, si las investigaciones para combatir el alzhéimer con hemoderivados prosperasen, la demanda de plasma sería 28 veces mayor que hoy.

Por su parte, la citada Federación responde que el pago por donaciones llevaría al desabastecimiento: los “vendedores” de sangre no llegarían a la cantidad y calidad actual. Hay donantes altruistas que dejarían de serlo por no convivir con quienes hacen negocio con su cuerpo, sostienen. Los donantes recuerdan que el derecho universal proclama que el cuerpo es inalienable e inviolable. Y que, puestos a hablar de dinero, comprar sangre costará a España 250 millones de euros al año.