En unas semanas se aprobará definitivamente la nueva Ley de la Ciencia. A pesar de algunos cambios que mejoran la situación para científicas y científicos, el análisis global es de decepción. Se esperaba más, mucho más, de una Ley que se ha reformado en el momento en que la ciencia está más valorada que nunca en España

Esta reforma es el gran proyecto de la ministra de Ciencia, Diana Morant, que lo hereda de su antecesor en el cargo, Pedro Duque. Morant manejará en 2022 un presupuesto “histórico” de 3.843 millones de euros para ciencia. Pero la primera trampa es que ese dinero se debe, principalmente, a los fondos extraordinarios llegados de la UE.

Así que la comunidad científica avisa de que hay trampa. Si realmente el Gobierno tiene intención de que la ciencia sea lo que estructure el país, una “Cuestión de Estado”, como anuncian, los fondos nacionales dedicados a ciencia deberían ser mucho mayores, y añadirles en este caso el empuje europeo, que maquillan las cifras. Hay más dinero este año para ciencia, pero sería justo que hubiera aún mucho más. Además, esos fondos deberían llegar a la mayor parte de los Ministerios, y no solo a tres, que son los que van a manejar más del 90% del dinero para ciencia en España.  La reforma de la Ley de la Ciencia no contempla el aumento de fondos para ciencia hasta al menos equipararnos con los países del entorno.

Dinero, sí, porque las científicas y científicos españoles no soportan más que se entienda que su trabajo es vocacional (que lo es) y que por tanto han de vivir con contratos precarios y salarios de risa.

Esta reforma de la Ley de la Ciencia estaba llena de deseos. Se esperaba de ella que estableciera un marco a partir del cual la ciencia en España despegara de verdad, que ser científica y científico aquí mereciera realmente la pena, y no solo porque en España somos creativos y hace sol. La reforma de la Ley se ha quedado a medias.

«La nueva Ley no consigue establecer un marco a la altura del compromiso necesario de nuestro país con la ciencia”

En la COSCE, que agrupa 82 sociedades científicas con más de 40.000 socios, han realizado un análisis de la reforma de la Ley, y concluyen que “no consigue establecer un marco a la altura del compromiso necesario de nuestro país con la ciencia”.

La COSCE señala que “en el ámbito del SECTI, la modificación de la Ley no atiende sus problemas estructurales, entre ellos, el déficit en financiación, la endogamia, los científicos expatriados, la burocratización, la falta de planes plurianuales, la falta de planificación, o el sistema de información”.

También reclaman, entre otras cosas, desde la COSCE, “la refundación de la Agencia Estatal de Investigación, como un ente independiente, con financiación asegurada que le permita desempeñar planes a medio y largo plazo. Esto es algo que existe en otros países del entorno, que funciona, que es útil, que permite que la política cuente con una asesoría independiente y de calidad en ciencia”.

La Ley se queda corta, en un momento en que la ciudadanía es más consciente que nunca de la importancia de la ciencia, y las leyes no se cambian todos los días. Ahora es el momento de conseguir los cambios, antes del último visto bueno de la ministra.