Barak Obama acaba de pedir al Gobierno de Mariano Rajoy que España realice la fase final de destrucción de 15 toneladas de armas químicas (sobre todo, gas sarín y gas mostaza) que se han ido confiscando al régimen de Siria. En concreto, se ha sugerido el puerto de Tarragona.
La primera fase de esa destrucción se ha producido en altamar abordo de un barco militar de EEUU, el MV Cape Ray, por el método de hidrólisis. Ese proceso químico consiste en mezclar de modo controlado agua con el elemento que sea para disolverlo. En concreto, los átomos que forman el agua se asocian al otro compuesto, dando como resultado un tercer compuesto. En este caso, un compuesto que seguiría siendo tóxico pero que no podría ser usado como arma química.
Lo que EEUU ha pedido a España –y que nuestro país ha rechazado por el momento– es que esos últimos residuos contaminantes desembarquen en algún puerto español del Mediterráneo –se ha sugerido Rota también– para almacenarlos y tratarlos. Hay 20 laboratorios en España que tienen la certificación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), que es el organismo que vela por el cumplimiento de la Convención de Armas Químicas, para realizar esa «desactivación».
Hoy mismo, Alemania ha aceptado la petición de la ONU para completar la neutralización de los restos químicos antes del 30 de junio. Concretamente será la empresa química estatal GEKA quien se ocupe del tratamiento.
De entrar en acción empresas españolas para esta labor de disolver las armas químicas, la supervisión correría a cargo de Autoridad Nacional para la Prohibición de las Armas Químicas (ANPAQ) pero la verdadera vigilancia técnica estaría bajo la lupa de un laboratorio poco conocido del Ministerio de Defensa: el Laboratorio de Verificación de La Marañosa, que es parte del Instituto Tecnológico de La Marañosa (en San Martín de la Vega, Madrid).
Y aquí viene la paradoja: esa instalación, que, entre otras funciones, tiene la de supervisar que la industria química no fabrique compuestos que puedan ser usados por sus clientes para crear armas químicas, era hasta hace 20 años un laboratorio de investigación para crearlas. Precisamente lo fue hasta que España firmó la citada convención Convención de Armas Químicas, en 1993.
La fábirca comenzó su andadura por orden del gobierno goplista de Miguel Primo de Rivera bajo el nombre de Fábrica de Productos Químicos del Jarama. Así fue como en 1923 «empezó a producir iperita, fosgeno y otros gases vesicantes y asfixiantes empleados en la I Guerra Mundial», según cuenta un artículo de El País del año en que se firmó el tratado.
Por entonces, y aunque no se conocía por parte de la opinión pública, la Fábrica no habría supuesto gran escándalo sino un método normal de defensa ya que la I Guerra Mundial fue el campo de pruebas de estas nuevas armas. De hecho, según cuenta El País, las actividades siguieron durante la II Guerra Mundial con la ayuda de la Alemania nazi y sus técnicos.
Hoy, el Instituto Técnico de La Marañosa tiene las mencionadas funciones, es el «principal organismo de Investigación y Desarrollo (I+D) del Ministerio de Defensa», asesora técnicamente a todos los ejércitos, y «realiza evaluaciones, ensayos y pruebas del armamento, material y equipo de las Fuerzas Armadas» tal como puede leerse en su página web.
Redacción QUO
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