Los bosques tropicales son fundamentales para el planeta. Además de albergar una biodiversidad rara y fascinante, almacenan enormes cantidades de carbono ayudando a estabilizar nuestro clima. Sin embargo, son el hogar de cientos de miles de personas cuyas vidas pueden verse afectadas por las políticas internacionales de conservación.
Organismos internacionales, como el Banco Mundial, han asumido compromisos claros de que los afectados negativamente por sus proyectos deberían ser compensados. Esto incluye a aquellos afectados por proyectos de conservación como los destinados a frenar el cambio climático al prevenir la deforestación tropical. Ahora, por primera vez, un grupo de investigadores de la Universidad de Bangor en el Reino Unido y la Universidad de Antananarivo en Madagascar, ha analizado el impacto de los esquemas de compensación en profundidad y revelan lo inadecuados que resultan.
Los autores del estudio, publicado en Journal of Life & Environmental Sciences, estudiaron un área protegida en las selvas tropicales orientales de Madagascar llamada Corredor Ankeniheny Zahamena (o CAZ por sus siglas en inglés). Este proyecto de conservación está centradoen la biodiversidad de alto perfil (incluido el lémur Indri, el más grande del mundo), pero una gran parte de los recursos están destinados a la mitigación de los efectos del cambio climático.
Los resultados muestran que las nuevas restricciones de conservación generan costes muy significativos para las comunidades locales (hasta el 85% de los ingresos anuales). La compensación, en forma de ayuda para la agricultura, se ofreció a un pequeño subconjunto de personas, pero ninguna fue totalmente compensada.
Los investigadores estiman que 27.000 personas han sido afectadas negativamente por el proyecto de conservación.Y se trata de personas extremadamente pobres.
“Quienes limpian la tierra para la agricultura son a menudo los que tienen mayor inseguridad alimentaria – señala Sarobidy Rakotonarivo, líder del estudio, en un comunicado –. Más allá del coste económico de no poder cultivar alimentos para alimentar a su familia, la población local es encarcelada por ocupar zonas ahora protegidas, pero que llevan cultivándose siglos. En un país donde las condiciones carcelarias son inhumanas, esto muestra cuán desesperadas están”.
La compensación ofrecida fue en forma de apoyo al desarrollo agrícola. Si bien muchas personas apreciaron este apoyo, muy pocas lo recibieron y los que sí lo recibieron, no son los más necesitados. A esto se añade que el valor del apoyo fue muy bajo en comparación con los costes de conservación.
“Si bien nuestros resultados muestran que las políticas que prometen compensar a las comunidades por el coste de la conservación no se cumplen, este no es un caso de corrupción – añade la coautora Julia Jones –. El dinero no se ha perdido. La verdad es que el mundo actualmente no paga lo suficiente para garantizar que la gente local pobre recibe una compensación adecuada. Nuestro análisis demuestra que si los países ricos estuvieran dispuestos a pagar el coste social total del carbono, una compensación adecuada podría ser asequible”.
Las conclusiones se basaron en entrevistas en profundidad con una muestra de 603 personas de varias comunidades durante un período de más de 2 años. El trabajo de campo fue muy intenso y los hogares fueron visitados hasta tres veces en el transcurso del estudio.
Juan Scaliter
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