Posturas a favor y en contra se suceden en la contienda de los sondeos petrolíferos en Canarias en el que, según recogerá un completo dosier en el próximo número de QUO, todos están seguros de tener la razón.
¿Hay alguna manera de resolver este conflicto?
En las cuestiones de manipulación, investigación y explotación de hidrocarburos hay que cumplir la legislación vigente. No se deben tomar decisiones por criterios políticos, como parece que hay gente en Canarias. Hay una legislación de la Unión Europea introducida en el derecho español mediante la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, que evalúa el impacto mediambiental de los proyectos. Lo que tienen que hacer asociaciones y gobiernos es acogerse a esta legislación. Es muy sorprendente que presidentes de comunidades autónomas no lo hagan. La investigación y exploración en hidrocarburos no es una decisión política, es una cuestión técnica regida por una directiva comunitaria y por una ley de impacto ambiental española. Por cierto, de las más estrictas de la Unión Europea.
¿Por qué entonces esa resistencia?
En España no hay tradición de exploración e investigación de hidrocarburos. Lo que está pasando aquí sería muy difícil de entender en países con tradición en investigación y exploración de hidrocarburos, como Noruega, Reino Unido, Estados Unidos, Méjico, Venezuela… Les sorprendería muchísimo.
Quizá el posible impacto sobre el turismo podría estar detrás de ese rechazo
Pozos de explotación de petróleo en el mundo hay miles al lado de magníficas playas, como en el Golfo de Méjico, Miami, Venezuela, California, Tahití, Brasil… ¿Hay riesgo? Si es así, evaluémoslo y veamos si es posible llevar a cabo la investigación y la explotación. No hagamos una política preventiva y ofrezcamos resistencia por un posible impacto medioambiental que no se sabe si se va a producir. Hay que objetivizar el medio ambiente. Todo el mundo tiene derecho a protegerlo. En el Colegio de Geólogos somos los primeros. Pero para ello hay que intervenir en el procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental.
¿Y hay riesgo para el medio ambiente?
Si alguien cree que lo hay, lo que tiene que hacer es ir al procedimiento administrativo y alegar lo que considere. Y si tampoco está conforme, deberá ir al Tribunal Supremo. Es necesario adoptar todas las medidas necesarias para que no haya un importante impacto ambiental. Y si se comprueba que puede haberlo, habrá que desestimar el proyecto, pero lo que no se puede hacer es tomar decisiones en función de criterios políticos. Hay que hacerlo en función de un procedimiento legal deimpacto ambiental, que es lo que hacen todos los países serios.
¿Estamos hablando de un tema local o nacional?
Como se trata de una actuación en el mar, la competencia es del Estado. Otra cosa es que el Estado, vía impuestos, pueda compensar, más o menos, a las comunidades autónomas. En España el 99,6% del gas y petróleo que gastamos procede del extranjero. Suena rarísimo que pongamos trabas al poco petróleo que podemos investigar. No se comprende dentro del contexto de la exploración geológica de hidrocarburos mundial. Estamos hablando de una cuestión que está a la orden del día. Hay miles de pozos en el mundo y aquí se van a hacer tres y antes de hacer la investigación ya se dice que no se haga. No lo entendemos.
Los ecologistas dicen que la Declaración de Impacto Medioambiental está plagada de irregularidades
En un estado derecho hay que atenerse a las normas. Hay procedimintos administrativos que hay que estudiar y analizar. Y si no se está conforme, acudir a los tribunales de justicia. Para eso está el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo.Las resoluciones administrativas hay que acatarlas. Hay que cumplir las leyes.
¿Cuál es el riesgo real de vertido?
Es muy bajo, pero, como toda actividad humana, nadie puede aseverarlo al 100%. ¿Alguien puede asegurar que no va haber un accidente aéreo? No, pero la población tiene asumido que puede ocurrir, igual que cada día hay accidentes de tráfico. El riesgo está evaluado en 0,0014 según la Declaración de Impacto Medioambiental.
Marta García Fernández
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