España está cerrando paulatinamente todas sus centrales eléctricas de carbón por razones económicas e impulsada por las políticas de la Unión Europea
Siete de las quince centrales eléctricas de carbón aún activas en España dejaron de funcionar el 30 de junio de este año. Está previsto cerrar el resto antes de 2025. Estas decisiones no vienen impuestas por parte del gobierno de España, sino que las propias compañías eléctricas, presionadas por el mercado y por las políticas comunitarias, lo han decidido así.
Adaptar las centrales de carbón a la actual normativa europea supone un coste financiero muy elevado que no compensa a las compañías eléctricas. Muchas de estas centrales llevan meses sin producir energía por las mismas razones.
Las nuevas regulaciones europeas exigen requisitos muy estrictos para las centrales de carbón: tienen que modernizar sus instalaciones para ser menos contaminantes y han de pagar más impuestos por ser empresas emisoras de CO2, algo que no les resulta rentable a las compañías.
Otro de los factores que ha propiciado el cierre de estas centrales es el gas natural. Su precio se ha reducido considerablemente, en especial para España, y está resultando un sustituto más ventajoso. También influye la adopción de las energías renovables, que son cada vez más asequibles.
E Plan Nacional Transitorio en España autorizó a las centrales de carbón a funcionar desde 2016 hasta el 30 de junio de 2020 sin acatar los límites de la normativa comunitaria pero una vez superada esta fecha no podrían continuar.
Estos cierres se están produciendo en España un año después del cierre de las minas de carbón. Hace 13 años, el 27% de la generación de energía durante el mes de mayo en España provenía del carbón. En cambio, en el mes de mayo de este año, sólo constituye el 1,4% del total de la energía del país, según Red Eléctrica de España.
Las siete plantas que ya se han cerrado daban trabajo a 1.100 empleados. Otras cuatro, que emplean a alrededor de 800 personas, ya han solicitado su cierre. Sólo cuatro permanecen en funcionamiento, pero con un futuro incierto. Las compañías eléctricas responsables como Endesa, Iberdrola, Naturgy o Viesgo, han ofrecido el traslado a estos trabajadores, aunque para la mayoría no ha sido posible su reubicación.
Este cierre de centrales ayudará a que España cumpla con los objetivos climáticos acordados en la COP25 y en la Agenda 2030. La mayoría de los países de Europa occidental han establecido por ley una fecha fija para el cierre definitivo de sus centrales de carbón. Por su parte, el Ministerio Español de Transición Ecológica no se ha unido a la alianza de países europeos que se van a comprometer a fijar una fecha límite de eliminación de estas instalaciones. Tampoco el Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030, ni el anteproyecto de ley de Cambio Climático del país son concretos en este punto. El reciente pacto de gobierno sólo indica que para 2050 el 100% de la electricidad será de origen renovable, pero no marca pasos intermedios.