Un estudio con datos de 20 países europeos concluye que el aumento del seguro sanitario privado se asocia con peor salud en la población general, desmontando la teoría de que la sanidad privada libera capacidad para el sistema público
La lógica parece razonable a primera vista: si los ciudadanos con más recursos se atienden en la sanidad privada, el sistema público dispone de más espacio para quienes no tienen otra opción. Menos colas, más capacidad, mejor atención para los más vulnerables. Es una de las dos grandes teorías que circulan en los debates de política sanitaria sobre el papel de los seguros privados de salud. Un estudio noruego con más de 300.000 personas en 20 países europeos acaba de poner a prueba las dos teorías durante dos décadas. Y la que prevalece no es la tranquilizadora.
El estudio: 20 países, 20 años, 300.000 personas
El profesor Pål Erling Martinussen y la investigadora Oda Nordheim, ambos de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU), analizaron la evolución del seguro sanitario voluntario y el estado de salud percibido de la población en 20 países europeos entre 2002 y 2022, usando datos de más de 300.000 personas procedentes de encuestas longitudinales armonizadas.
El período cubre dos décadas en las que la penetración del seguro privado de salud aumentó de forma sostenida en gran parte de Europa, incluyendo países con sistemas públicos fuertes como el Reino Unido, los Países Bajos, Irlanda, Bélgica y España.
El modelo estadístico que emplearon permitió medir no solo si las personas con seguro privado se sentían mejor que las que no lo tenían, sino si los incrementos en la cobertura privada dentro de un mismo país a lo largo del tiempo se correlacionaban con mejoras o deterioros del estado de salud percibido por el conjunto de la población. El foco, en otras palabras, no estaba en el individuo asegurado, sino en el efecto sistémico sobre todos los demás.
El efecto de desplazamiento: la sanidad privada no libera, compite
El hallazgo central del estudio es que los incrementos en la cobertura de seguro sanitario voluntario dentro de un país se asocian con peor salud percibida en la población de ese país a lo largo del tiempo. El efecto no es trivial ni marginal: es consistente a través de los 20 países analizados y robusto ante distintas especificaciones del modelo.
El mecanismo que los datos sugieren es el que en economía sanitaria se conoce como crowding out o efecto desplazamiento: la expansión de la sanidad privada no libera recursos del sistema público, sino que compite con él por los mismos. Los médicos especialistas, las enfermeras, los equipos de diagnóstico y los quirófanos son recursos escasos. Cuando el sector privado crece, absorbe parte de ese capital humano y material, a menudo en condiciones económicas más atractivas, con lo que el sistema público pierde capacidad en lugar de ganarla. Las listas de espera no se reducen para quienes se quedan en el sistema público, sino que pueden alargarse.
«Nuestros resultados sugieren que el aumento en la cobertura del seguro sanitario privado conduce a peor salud en la población a lo largo del tiempo», señaló Martinussen. «Los efectos negativos sobre la salud del conjunto de la población superan los beneficios que el seguro privado proporciona a los individuos».
Quiénes pagan el precio más alto son quienes menos tienen
El efecto no se distribuye de forma uniforme. Los datos muestran que las personas con menor nivel educativo, que en promedio corresponden también a los grupos de menor renta, son quienes experimentan un deterioro más pronunciado del estado de salud percibido cuando la cobertura privada aumenta en su país.
Esto tiene una lógica sistémica clara: son precisamente las personas que dependen en mayor medida del sistema público y que tienen menos margen para contratar un seguro privado o pagar de su bolsillo cuando el sistema público no responde. Si el sistema público se deteriora porque ha perdido recursos ante la expansión privada, el coste lo asumen de forma desproporcionada quienes no tienen alternativa.
«Las personas con menor nivel de estudios tienen más probabilidad de reportar mala salud si viven en un país donde la cobertura del seguro sanitario privado ha aumentado», explicó Nordheim.
El contexto europeo y la relevancia para España
España es uno de los países europeos donde el seguro sanitario privado ha crecido con más fuerza en las últimas dos décadas. Según los datos del sector, más del 25% de la población española dispone actualmente de alguna forma de cobertura sanitaria privada, una de las tasas más altas de Europa Occidental, impulsada en parte por las mutualidades de funcionarios (MUFACE, MUGEJU, ISFAS) y en parte por el auge de los seguros empresariales y voluntarios individuales.
El debate sobre si esta doble cobertura mejora o deteriora el sistema público es recurrente en la política sanitaria española, con posiciones marcadamente opuestas entre quienes defienden la complementariedad y quienes argumentan el efecto competencia.
El estudio noruego no analiza España de forma específica ni desglosa resultados por país, lo que limita la extrapolación directa. Pero sus conclusiones generales sobre el efecto desplazamiento añaden evidencia empírica a una de las posiciones de ese debate: que la expansión de la cobertura privada, en ausencia de regulación que garantice que no desvía recursos del sistema público, puede perjudicar precisamente a los ciudadanos más dependientes del sistema universal.
Una advertencia para los reguladores europeos
Los investigadores concluyen que los responsables de política sanitaria en Europa deben desarrollar estrategias para contrarrestar los efectos negativos del seguro privado voluntario sobre la salud poblacional. No se trata de prohibir el seguro privado, sino de regular su crecimiento de forma que no comprometa la capacidad del sistema público.
Algunas propuestas que circulan en la literatura de política sanitaria incluyen limitar la captación de profesionales del sector público por parte del privado, establecer impuestos correctores sobre la expansión privada que se destinen a reforzar la atención primaria pública, o fijar techos de crecimiento del sector privado vinculados al mantenimiento de indicadores de salud en los deciles de menor renta.
El estudio no resuelve el debate político sobre los sistemas sanitarios mixtos, pero sí deja una conclusión metodológicamente sólida: mejorar la propia atención sanitaria pagando por servicios privados puede tener un coste que no aparece en ninguna factura, y lo paga alguien que no eligió ese sistema.
