Las administraciones públicas podrán ofrecer conexión Wifi gratis si limitan la velocidad a 256 Kbps y excluyen de la cobertura a los «edificios de uso residencial o mixto». Son las nuevas condiciones de un anteproyecto dado a conocer por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Los entes que quieran dar dicho servicio tendrán que inscribirse en el registro de este organismo regulador.
Hasta ahora, la CMT no había tenido un criterio generalizado, y por ejemplo, había impuesto una multa de 300.000 euros al Ayuntamiento de Málaga, mientras que Barcelona logró una autorización bajo ciertas condiciones.
Al limitar la velocidad, el organismo regulador pretende acabar con las quejas de las operadoras, temerosas de que un Wifi público gratuito terminaría con su negocio. El anteproyecto se publicará en el BOE en las próximas semanas, y posteriormente se abrirá un periodo de alegaciones de 20 días para las partes interesadas.
Redacción QUO
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