La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, fue la protagonista de una sentencia pionera que puso a los ciudadanos sobre aviso de que las redes sociales no son el lugar donde insultar a los políticos, en 2014. Un joven conocido en Twitter como Ximicomix fue condenado a 300 euros de multa y a mil de indemnización por los insultos inadmisibles que profirió a Cifuentes a través de la red social. Le salieron baratos, pero solo gracias a un acuerdo con la abogada de la Fiscalía y con la acusación particular. El correctivo podría haber sido mayúsculo; la acusación pedía, en principio, cuatro años de cárcel por un delito de injurias contra la presidenta.
Acuerdos como este, que implican la disculpa del acusado, son una buena manera de educar a una población que no siempre es consciente de los límites de usar estos medios para difundir información. Y que tampoco diferencian adecuadamente entre la opinión y la injuria. Pero hay países en los que las leyes se cumplen a rajatabla y presidentes que han sido acusados de utilizarlas para acallar las opiniones discordantes. Tanzania es el mejor ejemplo.
Desde que el país aprobó su ley de cibercrimen, al año pasado, diez personas han sido condenadas por airear en las redes sus críticas al presidente John Magufuli. La última fue condenada a tres años de prisión y a una multa de 2.800 dólares por insultar a Magufuli, y la semana pasada se acusó a otros cinco tanzanos.
Paradójicamente, parece que el presidente electo el año pasado, quien supuestamente quiere silenciar a sus críticos en la redes sociales, tuvo en Whatsapp el mejor aliado para convencer de las debilidades de sus adversarios políticos durante la campaña. Y es que en Tanzania la política está fuertemente vinculada a estas aplicaciones, como demuestra el hecho de que el 8,6 por ciento de los tweets que se publican en el país están relacionados con la política, una cifra que solo alcanza el 2 por ciento en Estados Unidos.
Redacción QUO
