La idea del presidente Trump de gastar 25.000 millones de dólares en amurallar la frontera de Estados Unidos con México, más 2.000 millones al año por mantenimiento, no convence a la sociedad de su país. Y tampoco a los economistas, a la luz del estudio que vio la luz, ayer, en Estados Unidos.
Los economistas de la Agencia Nacional de Investigación Económica, una organización privada, han analizado una situación similar en la que el Gobierno americano decidió recortar los derechos laborales de los jornaleros mexicanos. Las medidas no dieron trabajo ni más ingresos a los granjeros estadounidenses, que afrontaron la caída de hasta un tercio en el número de jornaleros inmigrantes introduciendo tecnología más productiva o nuevos, y más rentables, cultivos.
En concreto, los investigadores han estudiado el desmantelamiento de los beneficios que la mano de obra agrícola mexicana obtuvo entre 1942 y 1964 con la implantación de el programa Bracero. El proyecto consiguió mejorar la calidad del trabajo de los inmigrantes, quienes también vieron cubiertos algunos derechos humanos que no habían disfrutado hasta entonces.
Pero la idea de que arrebatarles los derechos, que se impuso una vez concluido el proyecto con la excusa de que haría que los trabajadores patrios tuvieran más trabajo y mejores ingresos no funcionó entonces, y es previsible que tampoco funcione ahora. Además, que el país vecino costee la construcción del muro de Trump con los aranceles impuestos a sus productos produciría una caída de las ventas en Estados Unidos que, a su vez, desencadenaría en una pérdida de poder adquisitivo de los mexicanos en su país. Y los muros se saltan cuando uno tiene hambre.
Redacción QUO
