Cada vez son más importantes los éxitos vinculados al uso de la genética a la hora de capturar delincuentes. Más aún desde que se utilizan datos genéticos de acceso público. Con esto en mente, un equipo de expertos, liderados por James Hazel, señalan, en un artículo publicado en Science, la posibilidad de establecer una base de datos universal de ADN forense.
La base, según los autores, permitiría que la identificación de personas implicadas en delitos, sea más productiva, menos discriminatoria y, al mismo tiempo, más privada.
Recientemente, las bases de datos genéticas pertenecientes a compañías, como GEDmatch, se han utilizado para identificar presuntos asesinos al vincular el ADN de la escena del crimen con la información genética ofrecida por los miembros de su familia.
Aparte de esta opción, también se pueden obtener datos genéticos privados y solo se requiere una citación.
De acuerdo con el equipo de Hazel a medida que este método de investigación forense se utilice más ampliamente, es probable que aumente el número de solicitudes de obtener datos de empresas privadas.
Si bien el ADN es una poderosa herramienta para la resolución de delitos, existe una gran incertidumbre con respecto a si los organismos responsables de hacer cumplir la ley deben tener acceso a utilizar datos genéticos públicos y privados. Según los autores, el desarrollo de una base de datos forense universal, podría resolver algunos de los desafíos y controversias al respecto.
Los autores sugieren que dicha base de datos superaría los sesgos inherentes a las bases de datos forenses de hoy en día, que se derivan en gran parte de muestras de individuos arrestados o condenados por delitos, que generalmente representan poblaciones jóvenes, no blancas.
Además, los autores sugieren que la base de datos podría contener solo un pequeño subconjunto de marcadores genéticos de un individuo y así revelar información médica mucho menos sensible. A pesar de las ventajas, Hazel señala que la creación de una base de datos tan grande probablemente sería costosa y requeriría una gran cantidad de supervisión legislativa y restricciones. Sin embargo, los beneficios sociales y económicos de este sistema compensarían los costes.
Juan Scaliter
