La popularidad de escalar el Everest, la montaña más alta de nuestro planeta, se ha disparado en las últimas décadas. También las críticas sobre la seguridad del monte y el impacto medioambiental que causan sus visitantes. Por ello, Nepal ha anunciado que impondrá nuevas normas para su ascenso, no sólo con el fin de aumentar dicha seguridad, sino de «mantener la gloria de su escalada».
Entre algunas de las nuevas normas ideadas por el gobierno nepalí, estaría no dar permisos a aquellos que no puedan demostrar que han escalado montañas de más de 6.500 metros de altura. Por supuesto, estaría prohibido el ascenso por completo a personas «muy mayores, muy jóvenes o discapacitados».
Estas restricciones no sólo han sido motivadas por las críticas recientes, sino también por una serie de muertes acaecidas en la montaña. En 2014, una accidente se cobró la vida de 16 guías. Este año, un terremoto provocó una avalancha que mató a 18 personas en el campamento base del Everest.
Según explican los funcionarios de Turismo de Nepal, desde hace varios años el monte ha se ha convertido en algo similar a un parque de atracciones. En abril y mayo son muy frecuentes los atascos de tráfico, donde adolescentes, octogenarios, personas con algún miembro amputado, enfermedades crónicas o discapacidades físicas han conseguido subir a la cima, lo que, según los expertos en escalada, es una prueba de que la montaña es demasiado accesible y que sólo se necesita dinero, no habilidad, para llegar a la cumbre.
«Todo el mundo va al Everest», reconoció Mohan Krishna a The Guardian. «La cumbre del Everest debe ser digna y mantener la gloria de su escalada. Es por ello que el ministerio está trabajando para poner algunos límites». Según Tshering Sherpa, presidente de la Asociación de Montañismo de Nepal, «dudo que ninguna de las normas propuestas se cumpla. Estos límites ya han sido desestimados anteriormente a consecuencia de las organizaciones de derechos humanos y embajadas extranjeras».
Por otro lado, Nepal tiene un incentivo económico para maximizar el número de permisos de escalada que concede, ya que el gobierno cobra casi 10.000 € por cada persona que quiera poner un pie en la cima.
Fuentes:
Redacción QUO
